En 2009, la mayoría de bancos y cajas iniciaron un proceso masivo de ventas de participaciones preferentes a sus clientes. Hoy, los compradores de dichos productos se enfrentan a enormes perdidas, que algunos casos llega al 100% de los invertido.
Antes de realizar ningún juicio de los hechos ocurridos es importante conocer en que consiste este producto bancario. Las participaciones preferentes son un producto híbrido que mezcla características de la renta fija y de la renta variable, ya que paga un cupón con una cierta periodicidad, como ocurre con la deuda, pero que se puede dejar de pagar en función de los resultados, como ocurre con las acciones.
El problema de este producto es que su rentabilidad máxima está limitada al cupón acordado en el momento de su emisión, no viéndose beneficiado del crecimiento de la empresa, pero si que se se ve perjudicado en el caso de que haya problemas financieros, ya que deja de pagar el cupón. Por tanto, la rentabilidad exigible a este producto tiene que estar muy por encima de la renta fija, algo que no ocurrió cuando se emitieron.
En cuanto a la prelación de cobro, las participaciones preferentes se encuentran justo por delante de las acciones, esto implica que en caso de liquidación los tenedores no recuperarían nada del capital, ya que cuando se liquida una compañía raramente se consigue cubrir más del 50% de la deuda con derecho de cobro preferente. Aunque el nombre de las participaciones preferentes puede dar lugar a pensar que tiene prioridad en el cobro, no es así.
La emisión de las participaciones preferentes ha sido el enésimo atraco a los ciudadanos por parte de las entidades financieras, eso si, patrocinado por la CNMV y con el beneplácito del gobierno.
El principal síntoma de la estafa los encontramos cuando analizamos el segmento al que se dirigió la oferta. El 100% de las emisiones fueron adquiridas por inversores minoristas, sobre todo, por clientes de la propia entidad emisora. Por norma general, cuando se realiza una emisión de deuda más del 90% de los compradores son inversores institucionales o profesionales, en el caso de emisiones de renta variable este porcentaje baja hasta el 70%.
Pero, ¿por qué los inversores profesionales no entraron en este producto?
La respuesta la daba la CNMV, quien obligó a algunas entidades financieras a indicar en los folletos emisión que el interés pagado era inferior al que demandaban los inversores profesionales.
Entonces, ¿por qué invirtieron los ciudadanos su dinero conociendo estas alertas?
El desconocimiento financiero de los ciudadanos, la presión por parte de los comerciales de las entidades y la exhaustiva burocracia planificada por parte de los departamentos legales de las entidades financieras han sido los catalizadores que empujaron a los ciudadanos a comprar estos productos.
Además, el bajo nivel financiero de los ciudadanos les impidió tener una visión crítica de los consejos de los comerciales bancarios.
¿Por qué la CNMV o el gobierno no impidieron la venta masiva de preferentes a inversores minoristas?
La CNMV es un regulador encargado de velar por los intereses de los inversores, pero impedir la comercialización de un determinado producto por ser complejo o ofrecer un tipo de interés inferior a lo que demanda el mercado es algo que se encuentra fuera de sus competencias.
El regulador “controló” que los inversores que comprasen participaciones preferentes tuvieran un conocimiento financiero suficiente. Los compradores tenían que rellenar un formulario MiFID, siendo necesario que obtuvieran una calificación mínima, el problema es que en la mayoría de los casos los formularios estaban previamente rellenos y únicamente se le solicitaba al cliente su firma junto con un montón más de papeles, que fueron ideados por los departamentos legales de las entidades para evitar futuras reclamaciones.
Esta situación de descontrol era sobradamente conocida por la CNMV y el gobierno, pero se consintió porque lo más importante era dar una imagen de estabilidad por parte de las entidades financieras y recapitalizarlas rápidamente.
¿Volverá a ocurrir en el futuro?
Sí, ya que la cultura financiera de los ciudadanos es mínima y no hay una clara intención por parte del gobierno de que mejore. Además los reguladores han demostrado no ser capaces de proteger a los inversores.
De hecho, la ampliación de capital que el Banco Popular está llevando a cabo tiene todos los ingredientes para volver a hacer desaparecen los ahorros de los pequeños inversores. La colocación se está realizando masivamente a través de la red de oficinas del propio banco, lo que genera un claro conflicto de intereses, ya que ningún comercial va a mostrar los contras de estos productos.
¿Cuál sería la solución para evitar estafas similares en el futuro?
Primero, reforzar el órgano regulador, la CNMV, para evitar que siga siendo el combinado de piedra que es actualmente. Segundo mejorar la formación financiera de los ciudadanos, empezando desde la educación básica. Tercero y último, obligar a mantener una cuotas máximas por tipo de inversor en las colocaciones de los productos financieros, es decir, no permitir que el 100% de un producto se coloque en el tramo minorista.
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